lunes, octubre 02, 2006

Oaxaca: ¿provocación o represión?

Jornada

Los vuelos de aeronaves militares realizados ayer sobre el centro de la capital oaxaqueña, la llegada al aeropuerto de esa ciudad de efectivos castrenses, así como el estacionamiento de helicópteros y aviones de la Armada de México en Salina Cruz y Bahía de Huatulco, entre otros pertrechos y efectos militares, son hechos que sólo pueden ser interpretados de dos maneras: como provocaciones innecesarias y peligrosas en un entorno de gran explosividad, como el que vive ese estado, o como movimientos previos a una incursión represiva de gran escala. Sea cual fuere la respuesta verdadera, tales sucesos parecen confirmar que el grupo en el poder ha renunciado a las salidas políticas y ha optado por la fuerza para "resolver" un conflicto complejo, cuya solución real requiere de actitudes gubernamentales distintas a las que se prefiguran.

Por desgracia, las claves del accionar oficial en Oaxaca no parecen encontrarse en un análisis del entorno que prevalece en la entidad, sino en una negociación de trastienda entre los dos componentes del grupo gobernante, PAN y PRI, en la que el primero exige que se mantenga a toda costa a Ulises Ruiz en el poder ­así sea un poder formal, habida cuenta de su incapacidad para gobernar­ a cambio del apoyo priísta para la asunción de Felipe Calderón como presidente.

De darse, la salida represiva no sería una decisión de Estado, ponderada y sopesada, sino una acción facciosa, una más, de una Presidencia que en seis años ha actuado no en función de los intereses nacionales, sino en defensa de intereses privados, tanto de su círculo cercano como de sus aliados políticos ­los propios priístas­, empresariales, mediáticos y clericales.

Ante el riesgo de un aplastamiento policiaco y militar del movimiento contra Ulises Ruiz sería pertinente que el Ejecutivo considerara que, en las condiciones de descomposición e ilegitimidad en que se encuentran las instancias de poder de la entidad, la violencia equivaldría a apagar un incendio con gasolina. Esta decisión podría dejar un saldo grave de muertos y heridos, además de una estela de violaciones a los derechos humanos, persecución política y suspensión de las garantías individuales. En consecuencia, esta situación en vez de disipar las condiciones adversas para el proyecto continuista haría de la llegada de Calderón a Los Pinos un hecho más incierto de lo que ya es.

Por otra parte, el oficialismo no cuenta ya con márgenes para presentar una medida de fuerza en Oaxaca como defensa de la legalidad, la institucionalidad y el estado de derecho, toda vez que el foxismo y sus aliados han vulnerado en forma regular la legalidad, han erosionado las instituciones hasta vaciarlas de contenidos ­véase, por ejemplo, la impresentable negociación entre priístas y panistas para marginar al PRD, segunda fuerza electoral, del reparto de comisiones en el Congreso­ y han convertido las dependencias del Estado en gestoras de una oligarquía que, representándose a sí misma, cree o quiere hacer creer que representa al país.

Las actitudes referidas, sumadas a una pasmosa ausencia de experiencia y voluntad políticas, hicieron posible que el conflicto oaxaqueño llegara a este punto. Sería una catástrofe nacional que la impericia, el descuido y la mala fe con que ha actuado el gobierno federal ante el problema se vieran coronadas con un baño de sangre o un atropello masivo e injustificable a la Constitución y a los derechos humanos. La solución de fondo al conflicto se encuentra en el ámbito de la negociación y la política. Las instituciones armadas tienen el deber de resguardar la soberanía y el territorio nacionales, no deben ser usadas para reprimir movimientos civiles. ¿Quedará en el grupo gobernante la lucidez requerida para tener presentes consideraciones tan elementales?

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