martes, mayo 19, 2009

Oficio de Papel

• Mapa del genoma costó más de 30 millones de pesos
• Coincide con monto de una aportación de cigarreras
• Auditoría pide investigar a burócratas involucrados

El presidente Felipe Calderón no tolera las críticas, ni aún cuando los números confirman que México relegó las inversiones dirigidas a ciencia y tecnología al último sitio. Lo más grave, es que se malgaste ese 0.5 por ciento del producto interno bruto que se destina a este rubro. Por eso, después de que se presentó un aluvión de críticas respecto a la mediocridad con la que el gobierno federal ha dirigido la política de Estado a este sector de ciencia y tecnología, el equipo presidencial se enfocó a buscar algún dato que contrarrestara a los críticos de Los Pinos.

Así, con ese estilo conocido de hacer grandes anuncios que buscan un fuerte impacto mediático y político pero con poca efectividad, tal y como sucedió con muchas de las medidas anunciadas en el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar, el pasado 12 de mayo Felipe Calderón dio a conocer los resultados de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) sobre el mapa del genoma de los mexicanos.

El titular de ese instituto, Gerardo Jiménez, entregó un abultado documento que costó a los mexicanos más de 30 millones de pesos, sin duda una de las investigaciones más caras del país, cuya utilidad para millones de mexicanos aún está por confirmarse.

Pero más allá de los resultados y de la opinión de expertos sobre la veracidad de dicho estudio, el Inmegen acumula en menos de un lustro un complicado escenario de falta de transparencia y efectividad en el manejo de recursos. Por ello, la presentación de los resultados de un estudio que ya enfrenta críticas entre la comunidad científica, parecía la única salida a una entidad cuyos integrantes no pudieron hacer frente a la emergencia epidemiológica que enfrentó hace unas semanas el país y que evidenció la falta de preparación del gobierno para resolver problemas de salud graves. Más aún si es por todos sabido que el sistema de salud pública está en crisis y enfrenta problemas de corrupción, pésima atención médica, falta de medicamentos, desvío de recursos y compras abusivas.

La falta de capacidad científica y tecnológica obligó a México a solicitar apoyo a institutos de Estados Unidos y Canadá para descifrar las pruebas que confirmaran que en el territorio mexicano se asentaban la cepa de un nuevo virus, el A/H1N1.

Seguramente el director del Inmegen, Gerardo Jiménez Sánchez, tuvo que desempolvar varios de los proyectos que se pagan con recursos públicos para demostrarle al gobierno federal que sí estaba trabajando y, aún más, que podrían ofrecer una de las soluciones de largo plazo para resolver graves enfermedades crónicas que afectan a los mexicanos.

Si bien por ahora no tenían una respuesta frente al embate del virus A/H1N1, el instituto pretende demostrar que no está perdiendo el tiempo ni los recursos de los contribuyentes y que puede contribuir al reto que enfrenta México de llegar a la transición epidemiológica. Es decir, atacar las enfermedades propias del desarrollo y, al mismo tiempo, los padecimientos propios del subdesarrollo.

Cuando se autorizó el presupuesto para crear este instituto, bajo la estructura de la Secretaría de Salud, se preveía que la medicina genómica sea un efectivo vehículo en el diagnóstico presintomático, en el desarrollo de fármacos con base en el perfil genético del paciente y en la administración y uso de genes con fines terapéuticos. De hecho, el Inmegen y sus resultados debería considerarse como un elemento estratégico para cerrar la brecha entre ricos y pobres y llevar a México a un verdadero desarrollo en materia de salud.

Por ello, el impacto potencial y los retos de la medicina genómica van más allá del cuidado de la salud. Sin embargo, en los últimos años el Inmegen y su administración parece más preocupada en la edificación de su edificio que ya muchos califican como un elefante blanco.

Desde hace varios años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha venido señalando múltiples irregularidades en la construcción de la sede del instituto, que se edifica en la ciudad de México. El arquitecto responsable de la obra, Orso Núñez Ruiz, titular de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud, tendrá mucho que explicar sobre las irregularidades y fallas estructurales que han representado grandes sobre costos.

Se dice que el proyecto se calculó en más de 1 mil 200 millones de pesos y que hasta ahora se han ejercido casi 700 millones de pesos, sin que hasta el momento se vean los resultados de dicha infraestructura. De hecho, el director general del Inmegen se prepara para pedir más recursos para concluir la magna obra, que podría compararse con la biblioteca José Vasconcelos, inaugurada varias veces tras el pésimo trabajo de edificación, planeación y arquitectura.

En su revisión de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación auditó obras y servicios por 80.4 millones de pesos, que representaron el 77.4 por ciento del presupuesto ejercido en el Proyecto Creación del Inmegen.

A la fecha de la revisión de la auditoría, se observó que la obra se encontraba totalmente suspendida y sin fuerza de trabajo en el sitio de la misma, presentando un gran deterioro debido al intemperismo y abandono de los trabajos pendientes de ejecutar, sin existir avisos de suspensión o rescisión de conformidad con la normatividad en materia de obra pública. Por ello, la auditoría al instituto se mantendrá como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2008, con el fin de dar continuidad a las revisiones anteriores, verificando la situación que guarden los contratos celebrados.

Los directivos de este instituto han buscado por todos los medios negar información y en varias solicitudes de ciudadanos para obtener más detalles de cómo y quién ha gastado el presupuesto autorizado para una de las mayores obras en el sector salud, han declarado como reservada la información por un periodo de tres años, con el argumento de que dichas obras se encuentran en periodo de aclaración. La verdad es que las obras parecen totalmente abandonadas y alguien deberá pagar por ello, aunque después del espaldarazo presidencial seguramente nadie del sector público se atreverá a denunciar alguna anomalía en ese instituto.

Apoyo millonario de cigarreras

Aún más, con la revisión de la documentación proporcionada por el Inmegen, relacionada con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2007, referente a la ejecución de las obras para dicho edificio, la Auditoría Superior de la Federación constató que se recibió una aportación de 30 millones de pesos provenientes del “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco”, entregada el 4 de septiembre de 2007, y se comprobó que el instituto no solicitó la ampliación correspondiente a su presupuesto, ni informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a dicho monto, origen y criterios de aplicación, y tampoco se tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes, en contravención a varias leyes en materia de asignación de recursos.

Por ello, la Auditoría recomendó que el Inmegen tome las medidas de control que estime necesarias para vigilar que en caso de obtener recursos adicionales se tramiten las adecuaciones presupuestarias correspondientes para la ampliación de su presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se informe, en su caso, sobre el monto, origen y criterios de aplicación de dichos recursos.

Los funcionarios responsables de este instituto deberán informar sobre los resultados de cada gestión, pues hasta el momento han privilegiado la opacidad. La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Inmegen que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicitaron la ampliación correspondiente al presupuesto 2007, por la aportación de 30 millones provenientes del fideicomiso que constituyó Julio Frenk con dinero de las compañías cigarreras.

También con la revisión de la documentación proporcionada por el Inmegen, se comprobó que en el ejercicio 2007 se autorizaron recursos por un monto de 145 millones y que, a través de diversas afectaciones presupuestarias, dicho monto se modificó para quedar en 25.8 millones al final del año, con lo que se determino un sobreejercicio de 78.1 millones respecto al importe reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2007 por 103 millones 980.7 mil pesos derivado de la mala planeación del ejercicio del gasto, en contravención de lo señalado en los artículos 7 y 17 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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