Ciudad Peje

El 28 de agosto pasado, el Juez Primero de Distrito en Sonora, Raúl Martínez Martínez, fijó en $41 el valor de la vida de cada niño quemado en la Guardería ABC, al asignar la irrisoria cifra de $2,000 como fianza a cada uno de los dueños. Una decisión como ésta, procedente de un personero de la justicia estatal mexicana, afrenta a la memoria de las víctimas y de los otros 70 infantes que llevarán, de por vida, en sus espíritu y en sus cuerpos las marcas de la infame tragedia. Junto con sus padres, la sociedad civil mexicana expresa por ello su indignación frente a la actuación del Juez Martínez, pues su actuación demuestra la permisiva actitud deplorable de un representante de la justicia mexicana, quien debiera proceder con imparcialidad, transparencia y equidad frente a ese homicidio colectivo de bebés e infantes, sin precedente en nuestro país.

La demostrada trivialidad del monto que dio libertad condicional los dueños, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Sandra Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez, Gildardo Urquídez Serrano y Alfredo Escalante Hoeffer, muestra la ya conocida e insensible cara del Estado y justicia mexicanos. Los daños morales y económicos que se impusieron a víctimas y padres de la Guardería ABC lejos están de ser sustancialmente representados por tan risible prenda. Y si esto no fuera suficiente, la misma sala de justicia se hace receptor de misivas descaradas procedentes de la élite regular y secular de Sonora (empresarios, altos burócratas, políticos, y del Obispo Emérito de Sonora). Estos personajes sin escrúpulos se proponen presionar con sus bajas estaturas morales la justicia de México interfiriendo, con la intención de disminuir el impacto de posibles condenas de los presuntos indiciados, ofreciendo ante el Juez indulgencias argumentativas absolutorias a los responsables, por adelantado a cualquier fallo.

Por todo lo anterior, exhortamos a la sociedad civil a invertir su máxima conciencia potencial y expresar su sentir sobre estos dos atentados a la justa causa que persiguen padres y la sociedad civil nacional e internacional que representamos. Escriban lo que sus conciencias les dicten y protesten ante el Juez Martínez, preferible antes del 5 de septiembre de 2009, es decir, el 3er mes en espera justicia. Esta pequeña inversión de tiempo y $6.50 (valor del sello postal) demostrará al Juez Martínez el valor real que tiene la conciencia cívica de los mexicanos, que estará presente hasta que los temas legales y financieros hayan sido resueltos para víctimas y padres de la Guardería ABC. La dirección para enviar sus cartas es:

Juez Primero de Distrito de Sonora,

Abog. Raúl Martínez Martínez, Calle Londres 51,

Col. Fuentes del Centenario, Hermosillo, Son. CP 83250.

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