lunes, octubre 23, 2006

En breve la PGR solicitará detener a implicados en el caso de Lydia Cacho.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ


La Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará en breve las primeras órdenes de aprehensión contra servidores públicos de Puebla presuntamente involucrados en el caso de la detención y supuesta violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Los cargos que se les imputarán son abuso de autoridad, amenazas, intimidación, coalición de servidores públicos y, posiblemente, tentativa de violación.

De acuerdo con fuentes oficiales cercanas a la indagatoria, la fiscal del caso, Alicia Elena Pérez Duarte, consignará ante un juez federal a por lo menos dos presuntos implicados en los hechos que el pasado 13 de marzo denunció ante la PGR la autora del libro Los demonios del edén, sobre prácticas de pederastia.

Hasta este fin de semana, el Ministerio Público Federal había incluido en el primer paquete de consignaciones a José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, los policías judiciales que arrestaron y trasladaron a la periodista de Cancún a Puebla, en diciembre pasado.

Las fuentes consultadas precisaron que la autoridad ministerial federal determinará en el transcurso de esta semana si incluye en las peticiones de orden de captura a custodios del penal de Puebla que intimidaron a la periodista.

También se analiza la situación jurídica de Rosa Aurora Espejel, la agente del Ministerio Público de Puebla encargada de la indagatoria abierta contra Cacho, a raíz de la denuncia por difamación y calumnia que presentó el empresario textilero Kamel Nacif Borge. A esa funcionaria se le imputa no haber notificado a la informadora que se seguía una investigación en su contra por los delitos mencionados.

Independientemente de este primer pliego de consignación, la averiguación previa continuará en contra del gobernador Mario Marín y de Kamel Nacif, conocido como el rey de la mezclilla, así como de la procuradora estatal de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez.

Al llamado góber precioso aún no se le pueden fincar cargos penales debido a que cuenta con inmunidad constitucional (fuero), que sólo le puede ser retirada por el Congreso de la Unión mediante declaratoria de procedencia.

Los cargos

Las primeras consignaciones se dan siete meses después de que Lydia Cacho acudió a la PGR para presentar una querella contra los funcionarios mencionados, a los que responsabiliza de delitos en contra de ella con la intención de perjudicarla y favorecer a Nacif Borge.

La hipótesis en que sustenta la fiscalía su acusación refiere que con elementos indiciarios, así como pruebas testimoniales, documentales y periciales, los agentes Montaño Quiroz y Pérez Vargas abusaron de su autoridad con el propósito de amedrentar a la autora de Los demonios del edén.

"Durante su captura en Quintana Roo y su encarcelamiento en Puebla (en diciembre pasado), Lydia Cacho fue objeto de amenazas de violencia por ser mujer", refiere parte de la conclusión ministerial que será consignada ante un juez de distrito en materia penal.

El pasado 23 de febrero, entrevistada al término de la toma de posesión de David Vega Vera, fiscal para los delitos cometidos contra periodistas de la PGR, la fiscal Pérez Duarte afirmó que ella fue testigo de todo lo que pasó con Cacho Ribeiro, y que trabaja para tener un caso sólido que se sostenga en el Poder Judicial Federal.

-¿La fiscalía que usted dirige se hará cargo de alguna parte de la investigación del maltrato que sufrió la periodista Lydia Cacho cuando fue detenida? -se le preguntó ese día.

-Desde el momento en que se me informó que no se sabía dónde estaba, inmediatamente me puse a trabajar para localizarla y garantizar su seguridad y su integridad.

"Estuve en la Procuraduría General de Justicia de Puebla para recibirla, y la acompañé todo el tiempo que estuvo en ese estado para garantizar que saliera íntegra de esa entidad, y afortunadamente lo logramos.

"El tema central de la investigación a mi cargo es la violencia contra Lydia Cacho como mujer, no como periodista."

-¿Cuáles son los elementos que están estudiando?

-Estuve ahí; vi lo que sucedió y ésos son los elementos. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público tiene fe pública.

"Yo supe de la detención de Lydia un viernes (en diciembre pasado) a las tres de la tarde, y a partir de esa hora empecé a tratar de localizarla; me informé que estaba en Mérida. Intentamos una acción de la PGR para garantizar su seguridad, pero en Mérida fue donde nos enteramos que había una orden de aprehensión en su contra.

"Durante el trayecto (a Puebla) estuvimos en constante comunicación con la gente de la Agencia Federal de Investigación que estaba encargada de la protección de Lydia, y precisamente por eso pude llegar a la hora en que ella llegaba a Puebla, para recibirla."

El pasado 7 de abril, Cacho compareció ante la fiscal Pérez Duarte y, al término de la diligencia, explicó a los medios de comunicación "todos los hechos" de la tortura a la que fue sometida a partir de su detención en Cancún, porque "desde el inicio tenemos una grabación en la que hemos podido corroborar, una y otra vez, que todo lo que han declarado tanto las autoridades de Puebla como las de Quintana Roo es mentira", en el sentido de que no se violaron sus garantías individuales cuando se le aprehendió y encarceló.

Indicó también que ante el Ministerio Público Federal aportó pruebas de lo que vivió en la prisión poblana, entre ellas "las amenazas, los avisos de que sería golpeada en la cárcel y que iba a ser violada ahí mismo".

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