Ciudad Peje

POSICIONAMIENTO POLITICO.

RETROCESO DEMOCRÁTICO EN BAJA CALIFORNIA

- Con las reformas electorales

La reforma electoral recien autorizada por todos los diputados del PAN y el único verde en el Congreso del Estado, representa un retroceso a las necesidades y aspiraciones de procesos electorales más democráticos que reclamamos los ciudadanos, consideraron el diputado Abraham Correa Acevedo y el regidor del XVIII Ayuntamiento de Ensenada, Gilberto Flores Muñoz.

Esta reforma electoral demuestra de manera fehaciente, que ni el PAN ni el PRI están interesados, en hacer verdaderas contribuciones a la democracia, ya que esta reforma no fue a la causa original de la inequidad en los procesos electorales, pues no avanzó en la regulación, ni limita, ni sanciona enérgicamente la acción de los empresarios para hacer campañas electorales a favor de ciertos candidatos y partidos situación que lleva a que lo que determine los resultados del proceso electoral, sea el Dinero. Tampoco sanciona la acción de los gobiernos municipales y estatal, sin distinción de partido, por el uso discrecional que hacen de los recursos públicos asignados a los diferentes programas como es evidente que han utilizado con fines electorales, corporativos y clientelares, tal como ocurrió en la campaña federal pasada del 2 de julio y la del domingo 15 de octubre, desarrollada en el Estado de Tabasco, en donde el gobierno del PRI, se sirvió sin recato alguno, con la cuchara grande. Es absolutamente necesario establecer con claridad reglas que aseguren la equidad para todos los candidatos en los procesos electorales. La equidad y el respeto a los principios de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son los elementos indispensables para construir la democracia.

Así mismo, esta reforma no contribuye de manera importante, al fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas, de los participantes en los procesos electorales: partidos, candidatos, instituto electoral, gobernantes, funcionarios, etc., y si la discrecionalidad e impunidad en el manejo de los recursos públicos. Este fortalecimiento debiera contemplarse mediante mayores atribuciones y facultades de sanción, medidas de transparencia, control, vigilancia y fiscalización de las instituciones como contralorías, sindicaturas, el órgano superior de fiscalización, el Congreso, el Instituto Estatal Electoral, el tribunal y los organismos ciudadanos.

Tampoco esta atropellada y ligera reforma electoral cosmética, contribuye al avance en la transición hacia un régimen de gobierno democrático, particularmente en lo que se refiere al orden municipal, pues hasta ahora se sigue gobernando mediante el modelo presidencialista propio del viejo régimen del PRI, que se resiste a cambiar y que el PAN en Baja California ha hecho lo necesario para que este régimen autoritario, no cambie, prueba de ello son las recientes declaraciones que hizo a un medio impreso de circulación estatal, el presidente municipal, César Mancillas en donde establece que la mayoría de los regidores deban de elegirse junto con la planilla del presidente y que solamente los regidores de representación proporcional tengan su origen y se elijan por distritos uninominales, todo esto para asegurar “la gobernabilidad”. ¿Cual gobernabilidad? La presidencial. Para democratizar este orden de gobierno se debe de impulsar reformas constitucionales y también en la ley electoral del estado para que todos los regidores se elijan por separado de la fórmula del presidente y la elección de los regidores se realicen por distritos uninominales que representen el interés mas cercano de las necesidades de los ciudadanos. También el sindico deberá elegirse de manera independiente, pero además deberá depositarse la responsabilidad y funciones en dos representantes populares uno que procure, promueva y defienda los intereses del municipio y otro que tenga facultades de contralor y promotor de la eficiencia y eficacia en el uso y destino del gasto público y el desarrollo administrativo. Este último deberá quedar en manos de la primera minoría, con el propósito de asegurar que el gasto público se realice apegado a la legalidad y así fortalecer el sistema de pesos y contrapesos propio de toda democracia moderna.

La reforma en mención no promovió cambios en las reglas para propiciar una mayor participación en los procesos electorales y representación en el Congreso y Ayuntamientos, de las distintas fuerzas políticas presentes ahora en el Estado, reflejo de la pluralidad que hoy se vive en el país.

Por un lado, no permite las candidaturas ciudadanas y comunes, tampoco se flexibilizan los requisitos para la integración de coaliciones por municipio o distrito electoral, entre otras, se sigue impidiendo la representación de los indígenas nativos y migrantes en el Congreso y ayuntamientos.

De haberse realizado los cambios mencionados, sin lugar a dudas, contribuirían, probablemente a una mayor participación ciudadana en las elecciones que como es del dominio público, esta ha venido de mas a menos y hemos estado ocupando últimos lugares en la clasificación nacional en lo que se refiere a la participación electoral, pero también los porcentajes de participación en el estado, no rebasan más allá del 40 %. El abstencionismo y sus causas debiera ser materia de reflexión exhaustiva y responsable de los integrantes del Congreso para encontrar las medidas que hagan que esta disminuya y se tengan elecciones legales y legítimas.

Tal parece que tanto al PAN como al PRI, lo que les interesa es llegar y mantenerse, a como de lugar en el poder público, por eso Acción Nacional, poco le importó auspiciar y promover una reforma que fuera al fondo del problema, es decir impedir que el resultado electoral lo siga decidiendo el Dinero de origen público y privado y por otro lado al PRI, lo único que le interesa es eliminar los candados que le impiden participar como candidato a la gubernatura del Estado al Sr. Jorge Hank Rhon, actual presidente municipal de Tijuana, que de acuerdo a como se desempeñó en la pasada campaña electoral, contó con el dinero suficiente para comprar conciencias y voluntades y de esta manera lograr su propósito. Es claro que como quedaron las reglas electorales, en lo que se refiere al uso excesivo del dinero y los recursos públicos así como los amplios topes de campaña, las aspiraciones de Hank se verían, sin lugar a dudas, satisfechas.

Es claro que los demócratas y progresistas de Baja California, que aspiramos a un régimen democrático social de derecho, debemos denunciar esta situación y además continuar luchando para que se tenga o se logre una reforma democrática a la Ley Electoral.

Invitamos a los bajacalifornianos que coincidan con este propósito, a rechazar esta reforma, a exigir a los diputados una revisión exhaustiva de la misma y la rectificación correspondiente, pues está en juego la estabilidad política del estado, la legitimidad de los próximos resultados electorales pues estamos ante un riesgo inminente de que sea el Dinero público o privado, que bien puede ser de origen legal, pero también ilegal, el que decida los resultados electorales y no la soberanía popular, en un estado donde las bandas criminales han hecho presencia importante en la vida económica e incrementado la inseguridad ciudadana, lo que hace a este asunto de interés público prioritario lo cual es justificación suficiente para que los legisladores, representantes del pueblo, la atiendan.