Ana Lilia Pérez

Desde inicios de su sexenio, Felipe Calderón usó al Ejército Mexicano para imponerse y “combatir” al narcotráfico al margen de sus funciones constitucionales. Los militares tomaron calles, ciudades, estados; se insertaron en amplios espacios del poder civil, y actúan sin control. Homicidios, abusos sexuales, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura en contra de la población civil son la otra parte de la guerra, documentan organizaciones defensoras de derechos humanos.Entre insultos, custodiado por el Estado Mayor Presidencial, el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa fue investido presidente en una tribuna tomada por diputados y senadores, con un militar cuidándole las espaldas, en un recinto legislativo prácticamente sitiado.

En los eventos oficiales de los siguientes meses Calderón vestía uniforme de campaña, gorra de cinco estrellas y escudo nacional. Asiduamente, el comandante supremo de las fuerzas armadas se ataviaba con la casaca verde olivo junto al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. No sólo él emulaba la efigie castrense: en el desfile del 16 de septiembre de 2007, sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe Calderón Zavala aparecieron en el palco presidencial vestidos como militares, con todo e insignias. Ello, denunciaron los diputados José Alfonso Suárez y Cuauhtémoc Sandoval, era contrario al artículo 404 del Código de Justicia Militar.

El 9 de mayo de 2007, Calderón había decretado la creación de un grupo de elite del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, al mando directo del Ejecutivo, destinado al “manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”. Un mes después, el presidente delegó al Ejército Mexicano el combate al crimen organizado.

Desde entonces, abogados como Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advertían los riesgos de utilizar la milicia para combatir al crimen organizado.

Sin control

El informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), difundido recientemente, documenta el incremento de “graves violaciones a derechos humanos” en contra de la población civil cometidas por el Ejército Mexicano “en el marco de su participación en tareas que competen a los civiles”. Los agravios más frecuentes: homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos, cita la organización reconocida con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa 2008, distinción internacional que se otorga a organismos o personalidades más comprometidos en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos.

En 2006 se instrumentaron diversos operativos militares en el país. Iniciaron en Michoacán, Tijuana, Guerrero, y el denominado “triángulo dorado”, región ubicada en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

En 2007 y 2008, los operativos se extendieron a Sonora y Nuevo León, lo que implicaba cada vez más militares en actividades que constitucionalmente les están vedadas.

Aunque los operativos fueron bien recibidos por la opinión pública nacional e internacional, documenta el Centro Prodh, “la percepción de violencia e inseguridad sigue presente en el país, sin que haya prueba empírica de su abatimiento a causa de la presencia castrense”, aunado a que “no responde a las necesidades de la lucha contra el narcotráfico”. En contraste, “a raíz de los operativos militarizados, los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles han aumentado en número y gravedad”.

Tan sólo en el primer año de gobierno de Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) radicó 367 quejas contra elementos castrenses.

Ciento por ciento más que las que se recibieron en el último año de gobierno de Vicente Fox (182 quejas). En 2008, la cifra alcanzó 1 mil 230 querellas, es decir, los supuestos atropellos de milita res se incrementaron casi 500 por ciento respecto al sexenio foxista.

Los estados que reportan mayor número de quejas son: Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. En Chihuahua, consigna el Centro Prodh, los abusos aumentaron con el Operativo Conjunto, que arrancó en marzo de 2008 y ahora, en su segunda fase, concentra a casi 10 mil soldados. En julio de ese año, la CNDH hizo públicas ocho recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por homicidio, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la fuerza pública, allanamientos, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego durante los operativos.

De las agresiones ocurridas entre 2007 y 2008, de acuerdo con el Centro Prodh, las más frecuentes son, en orden de incidencia: allanamiento a viviendas, cateos ilegales, tortura, ataque con armas de fuego, detención arbitraria, robo, amenazas y abuso sexual. Las víctimas: menores de 18 años, jóvenes entre los 18 y 24 años, mujeres, indígenas, migrantes indocumentados, periodistas y algunos servidores públicos.

Hoy día, documenta el Centro Prodh, no se tiene certeza del número ni nivel de abusos cometidos por militares –muchas de las agresiones no se denuncian–, pues los despliegues han aumentado al punto que, en municipios de varios estados, los civiles fueron relevados en sus cargos por militares, como el caso de Ciudad Juárez donde el general retirado Julián David Rivera Bretón fue designado secretario de Seguridad Pública Municipal y el coronel de infantería Alfonso Cristóbal García Melgar, director operativo de la Policía Municipal.

Por la incidencia, destacan las agresiones a migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Allí, con el supuesto de “salvaguardar” la frontera, los militares detienen a los migrantes (aunque legalmente tampoco tienen facultades para ello), los agreden, amenazan y asaltan.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM), con sede en Tapachula, Chiapas, ha documentado la desaparición de migrantes detenidos por militares (Contralínea 78). Tal es el caso de la joven hondureña Maritza Bayres, retenida por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170 en un retén instalado en el Puente Cahocán, en Ciudad Hidalgo. Los siete compatriotas con quienes viajaba Maritza relataron al CDHFM cómo los militares los detuvieron, los obligaron a desnudarse para buscarles en los genitales el dinero que traían escondido y robárselos. Tras el hurto, a los siete varones los dejaron seguir su camino, a Maritza la retuvieron.

Hasta la fecha se desconoce su paradero.

En la frontera sur, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón detonó mayores abusos de militares en contra de los indocumentados, explica en entrevista Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM. Señala que, si bien este tipo de prácticas existen desde hace varios años, “en el sexenio actual los militares se sienten intocables, por ello persiguen, detienen y agreden a los migrantes. Las revisiones corpóreas y robos son cada vez más frecuentes, además de que, en cada retén, hay unos 20 militares mínimo y todos fuertemente armados y resueltos a dispararle a cualquiera”.

En la franja de 956 kilómetros que divide a México con Guatemala, detalla Fermina Rodríguez, las fuerzas castrenses han impuesto su propio “código de guerra”: “Los migrantes saben que el Ejército Mexicano no tiene atribuciones legales para detenerlos. Todos conocen sus derechos, identifican a las corporaciones que tienen facultades para revisar su estatus migratorio y para detenerlos, pero entre ellos la recomendación es: ‘Si un soldado te detiene, haz lo que dice, sin defenderte, incluso si te roba o te viola, porque en México los soldados tienen todo el poder y son intocables’.

Para los migrantes es parte del costo a pagar para llegar a Estados Unidos”.

Retenes riesgososLos retenes militares se han convertido en un punto de riesgo para la población civil. De enero de 2007 al 30 de no viembre de 2008 se registraron 17 casos de civiles agredidos con arma de fuego, “por no detenerse” en los retenes (según argumentaron los militares). Aunque, en por los menos tres casos, documentó el Centro Prodh, ni siquiera había retén.

Uno de ellos fue el de Marlene Caballero, de 13 años de edad, herida en San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el 29 de junio de 2007, cuando los militares abrieron fuego al automóvil donde ella viajaba.

El 12 de mayo de 2008, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Michoacán, los militares abrieron fuego contra Carlos Iván García Calderón y Giovanni Fuerte Hernández. Carlos murió y Giovanni fue lesionado.

De las agresiones ocurridas en lo que va del sexenio, la Procuraduría General de Justicia Militar ha abierto 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles, 110 durante 2008. De éstas, sólo hubo 11 consignaciones.

Por el fuero militar, los casos se dirimen en tribunales castrenses, lo que “no es garantía de independencia e imparcialidad ni mucho menos de una eficiente investigación”, considera el Centro Prodh. “La justicia militar propicia la impunidad”.

Fuero militar, salvoconducto de impunidad

Reiteradamente, organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas han insistido, sobre el tema de tortura, en la necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean conocidas por la justicia civil, en el marco de los acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano. En febrero pasado, en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, en el cual se evaluó a México, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió en el tema, sin respuesta alguna.

No obstante, el Centro Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lograron recientemente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso del homicidio de cuatro civiles a manos de militares en Santiago de los Caballeros, Sinaloa –representado jurídicamente por ambas organizaciones–, en el cual se analizará la aplicación del fuero de guerra. La denuncia fue pre sentada por Reynalda Morales Rodríguez, cónyuge de una de las víctimas.

La llamada “masacre de Santiago de Caballeros” ocurrió el 26 de marzo de 2008. Militares abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban Edgar Geovanny Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Irineo Medina Díaz, Manuel Medina Araujo, Miguel Ángel Medina Medina y Wilfrido Ernesto Madrid Medina. Los primeros cuatro perdieron la vida, los otros resultaron heridos.

Mediante un comunicado, en abril de ese año, la Sedena informó que el juez militar de la III Región había dictado formal prisión a un teniente, un cabo y tres soldados de infantería. Para el mes de julio, la CNDH emitió la recomendación 036/2008 donde acredita “graves violaciones a los derechos humanos” en agravio de las víctimas. El Centro Prodh asumió la representación jurídica, ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la discrecionalidad en la investigación, ya que tanto las indagatorias como el juzgamiento de los responsables están a cargo de las propias autoridades militares.

Al respecto, los abogados Luis Arriaga, director del Prodh, y Luis Miguel Cano, de Fundar, coinciden en que, con este caso, los ministros de la SCJN tendrán oportunidad de fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Pero además, dice Arriaga, la Suprema Corte “tiene una particular responsabilidad jurídica y política en el tema, pues fue esa instancia la que, al resolver la controversia constitucional 1/96 (sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública), permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles”.

Agrega que “no se trata de abolir el fuero de guerra, sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de los civiles”.

El Centro Prodh está acreditado con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En México ha documentado, durante 20 años, los abusos militares, y ha litigado varios casos ante el sistema interamericano.

Desdén por las víctimas

La abogada Liliana Valiña, representante adjunta de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que la reparación del daño a favor de la víctima es uno de los aspectos más ignorados en casos de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la Sedena, según el diagnóstico del Centro Prodh, cuando se consigna a un militar –ante un juez también militar– no se informa a la víctima o a sus familiares, y casi nada se hace público. En ocasiones, “la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”.

El 24 de septiembre de 2006, Félix Daniel Téllez Ortiz fue atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad. El joven de 23 años de edad entrenaba ciclismo en la carretera México- Querétaro, a la altura de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cuando el vehículo invadió el área de acotamiento donde transitaba el ciclista junto con varios compañeros.

Los siguientes 15 días Daniel permaneció en estado de coma en el hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en Toluca, luego fue trasladado al Hospital Militar donde convaleció cuatro meses. Quedó parapléjico, con laceraciones faciales en 90 por ciento, múltiples lesiones y excoriaciones en el cuerpo. Perdió de manera total la sensibilidad y la movilidad de la cintura hacia abajo.

Los peritos castrenses intentaron responsabilizar a Daniel de los hechos, acusándolo de negligencia, aun con los numerosos testigos que declararon que el camión militar zigzagueaba a exceso de velocidad.

Esclavizado a la silla de ruedas, hace dos años que Daniel Téllez, único varón entre cinco hijos de una familia de clase baja, se enfrenta al Ejército Mexicano en tribunales castrenses, con jueces castrenses, ministerios públicos y todo el personal adscrito a las fuerzas armadas. Lo único que reclama es la reparación del daño.

Las audiencias tienen lugar en la 37 Zona Militar Santa Lucía, Tecamac, Estado de México. No se le permite ingresar ningún sistema de comunicación. Tampoco tiene copia de sus declaraciones ni foja del expediente –que integra la averiguación previa AP37/ZM/97/2006-II–, que consulta en una sala custodiada por militares, con sistemas de vigilancia por todas partes. En medio del blindaje, del expediente han desaparecido pruebas clave para el juicio, denuncian Félix Téllez e Irene Ortiz, padres de Daniel. A más de dos años, la Sedena argumenta que “el reglamento interno no permite indemnizar al lesionado porque éste no trabaja para la secretaría”.

“Defenderme en tribunales militares ha sido muy difícil. Te enfrentas a todo un sistema donde tú no tienes voz. Al principio, el caso no tenía ningún avance, porque ellos (los militares) me daban por muerto, pero luego mis papás estuvieron al pendiente, insistieron y así se iniciaron las audiencias”, explica.

Al momento del accidente, Daniel estudiaba el quinto semestre de preparatoria en el sistema abierto. Su proyecto era convertirse en licenciado en informática.

Los planes se desvanecieron, su futuro se tornó hipotético. No pudo regresar al trabajo. El único contacto social que ahora tiene es con sus padres, debido a que no puede controlar los esfínteres y eso le avergüenza.

“Siento impotencia de ver cómo se aplica la justicia, que los militares no responden por sus actos. Lo más triste es ver cómo me miran mis padres y mis hermanas, pienso en su agobio y eso me da más coraje.” El pasado 24 de septiembre, sus abogados, Jaqueline Sáenz Andujo y Jorge Santiago Aguirre, presentaron una demanda por responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es su última vía legal y jurisdiccional para obtener una indemnización por daño físico y sicológico.

Contralínea solicitó una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para saber su postura respecto del informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, las recomendaciones que ha emitido la CNDH, así como el resto de los casos que se citan en este texto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Indígenas y activistas, principales víctimas.

En muchos de los crímenes cometidos contra indígenas y campesinos se han identificado a militares como los agresores directos. Allí está la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; la detención y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; las violaciones a las indígenas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, mixtecas; Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, tlapanecas; Ana, Beatriz y Celia González Pérez, tzeltales.

El caso más reciente es el de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM). Fueron secuestrados el 13 de febrero, pasada la una y media de la tarde. Media hora después del rapto, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido.

Cuando respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar; quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No hubo posterior comunicación. Sus restos aparecieron ocho días después, ambos tenían huellas de tortura.

Uno de ellos, el tiro de gracia.

Durante años, Lucas Lucía y Ponce Rosas denunciaron los abusos de militares en la zona de La Montaña, en Guerrero. Los dos sobrevivieron a la matanza de El Charco, perpetrada en 1998 por soldados en contra de supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.

En su artículo “Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira”, publicado en el periódico La Jornada el 24 de febrero pasado, el columnista Luis Hernández Navarro documenta que Lucas Lucía sufrió cuatro atentados. “Pero aquel 13 de febrero el activista no se le escapó a la muerte. La quinta fue la vencida”.

El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado condenó el asesinato y se solidarizó con los familiares: “La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en las que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor (…) especialmente en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y La Montaña del estado de Guerrero”.

Amnistía Internacional se sumó al reclamo.

El presidente y secretario de la OIPM –que tiene su origen en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994– trabajaban de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que preside el antropólogo Abel Barrera Hernández, colaborador de Contralínea.

En entrevista, Barrera asegura que los asesinatos de Lucas Lucía y Ponce Rosas son parte de la guerra sucia que durante décadas se ha vivido en la entidad.

Barrera explica que, si bien en esa región es sistemático el abuso de los militares en contra de la población civil, “ahora con el pretexto del combate al narcotráfico se ha acrecentado el número de violaciones a los derechos humanos. En los últimos tres meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dado curso a 35 quejas en contra de militares”.

En enero pasado, la CEDH informó que a raíz de que iniciaron los operativos militares en Guerrero (tras la decapitación de nueve personas el día 21 de diciembre), en menos de 15 días se habían recibido 13 quejas ciudadanas por invasión, allanamiento de morada y maltrato físico. Entonces el visitador Hipólito Lugo Cortés alertó de los excesos de las fuerzas castrenses.

Abel Barrera puntualiza que en Guerrero la narcoviolencia no ha descendido, aunque Chilpancingo, Zihuatanejo, toda la región de Tierra Caliente y la zona de La Montaña estén militarizadas. En contraste, “ahora que la autoridad civil ha bajado la guardia, las víctimas son los civiles”.

“En Guerrero, los abusos militares tienen una larga historia en el estado, que nos remite a la Guerra Sucia donde no ha habido una investigación y mucho menos castigo a los responsables. Lo peor de todo es que ese patrón de abusos que se han estado realizando por parte del Ejército sigue inalterable, en el sentido de que es un actor armado que no conoce límites en términos legales: incursiona a las comunidades, se posesiona de terrenos comunales para sus campamentos; interroga, detiene, daña la precaria infraestructura de la comunidad, se apropia de las cosechas, mata los animales. Todo eso ha ido creando un ambiente de miedo, de terror hacia las comunidades.

“En la entidad, la agresión del Ejército ha sido tan violenta que han sucedido masacres como la de Ayutla, como una emboscada que hicieron a indígenas de Metlatónoc en el Cerro del Chupamirto donde murió un civil, simplemente porque sentían que los iban persiguiendo; las violaciones sexuales a las mujeres, como las de Valentina González Cantú e Inés Fernández Ortega”.

—En el contexto de agresiones y asesinatos de activistas, ¿los defensores de derechos humanos temen por un integridad? –se le pregunta a Barrera, amenazado de muerte constantemente y para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares que incluían cuatro elementos de la Procuraduría General de la República para su custodia.

—Sí –explica, categórico–, porque hoy más que nunca los militares actúan sin control alguno. No hay información ni transparencia de sus operativos ni de sus formas de investigación. La militarización se presta para todo tipo de cuestiones turbias para reprimir sin dejar huella.

En términos de un ambiente de violencia como el que se vive en el país: a río revuelto, ganancia de militares.

(ALP)