Ciudad Peje

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Redacción

Sanjuana Martínez*

Cuántos crímenes han cometido los militares desde la llegada al poder de Felipe Calderón? Uno solo bastaría para condenar la fuerza del Estado frente a la vulnerabilidad humana, pero las estadísticas son alarmantes y muestran una anomalía: Felipe Calderón, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solapa esos delitos.

Presentados ante la opinión pública como auténticos héroes nacionales, los militares han cometido cientos de abusos de derechos humanos gracias a la inmunidad concedida por el presidente frente a la justicia civil y a la protección brindada por la justicia militar.

La presencia de más de 50 mil soldados en las calles para combatir el crimen organizado ha provocado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba más de dos denuncias diarias por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mexicanos. Sólo durante 2007 se registraron 671 denuncias y mil 230 durante el 2008.

El general brigadier Jaime Antonio López Portillo, director de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa, considera sin embargo que esas denuncias “no son muchas” y que demuestran que “el adiestramiento del personal es adecuado”.

Es alarmante que López Portillo esté a cargo del Departamento de derechos humanos de la Sedena, particularmente porque sus declaraciones exhiben un problema sin atender y confirman la impunidad de la que gozan los militares.

El desprecio de este mando militar contra las garantías individuales se traduce en delitos sin castigo, por tanto es lógico que el Ejército Mexicano recibiera el mayor número de quejas en la CNDH.

Solo hubo 11 consignaciones

Para abundar en este asunto, se ha publicado el excelente informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) titulado ¿Comandante Supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que revela cómo las autoridades civiles han remitido a la justicia militar entre enero de 2006 y noviembre del año pasado 500 averiguaciones previas, de las cuales 381 correspondieron a 2008.

La Justicia Militar aceptó 174 averiguaciones por delitos cometidos contra civiles, 110 durante el 2008 de las cuales sólo se han consignado 11 casos, es decir, menos de una de cada 10 denuncias. Los delitos van desde el asesinato o ejecución sumaria, pasando por la detención arbitraria, las torturas, la invasión a los de domicilios, los tratos crueles, hasta la privación ilegal de la libertad.

En el informe se detalla el espectro de víctimas: menores de edad, jóvenes de 18 a 24 años, mujeres, periodistas, indígenas, y servidores públicos como policías, alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales y federales.

En los casos paradigmáticos de víctimas se documentó la masacre de Santiago de Caballeros en Sinaloa y el del joven Félix Daniel Téllez Ortiz, atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad y lo dejó parapléjico.

A pesar de todos los procedimientos judiciales ante instancias civiles y militares, el joven a dos años nunca recibió indemnización alguna, ni el conductor fue condenado: “Incluimos este caso para mostrar como la ausencia de controles civiles sobre el Ejército no sólo propicia violaciones a los derechos humanos…sino en otros ámbitos”. Daniel pasó de víctima del delito a presunto responsable en una averiguación previa corrompida por los propios militares.

Los consentidos del presidente

Los militares cuentan con el apoyo incondicional del Presidente, de la justicia militar, del Congreso de los Diputados y el Senado de la República, de los gobiernos locales y municipales, de las policías, de los empresarios. ¿Pero se han puesto a pensar en los crímenes que el Ejército comete en nombre de la seguridad?

No hay autoridad que con dureza critique al Ejército, ni el Senado de la República se atreve a hacer un extrañamiento debido, por el contrario, solicita “respetuosamente” que la Sedena respete los derechos humanos y permita el acceso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los casos bajo sospecha.

La actuación del ombudsman José Luis Soberanes también deja mucho que desear, porque pese a las contundentes pruebas contra miembros del Ejército, hay una falta de firmeza en sus “recomendaciones” que sólo sirven como papel utilizable para las necesidades fisiológicas de los militares.

Los estados con mayor número de denuncias por abusos de militares contra civiles son Tamaulipas con un total de 21 casos, Chihuahua y Michoacán con 13, Guerrero con 11, Sinaloa con 10 y Nuevo León en quinto lugar con cuatro denuncias.

El Ejército Mexicano ha sido un violador de los derechos humanos sistemático e histórico y a estas alturas existen suficientes referentes de organismos de derecho internacional que a lo largo de los últimos años han pretendido, sin éxito, poner freno a la impunidad de la justicia castrense.

La última llamada de atención viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 9 de marzo anunció que tendrá audiencias para ver las violaciones cometidas por el Ejército Mexicano y la impunidad de la que disfrutan los militares: “si un militar comete violaciones a los derechos humanos debería ser juzgado por la vía civil y no por la jurisdicción militar”, dijo el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago Cantón.

Los delitos de los militares van en aumento, mientras la imagen de Felipe Calderón luciendo su casaca verde olivo y su gorra con el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, perpetúa los abusos.

* Sanjuana Martínez, es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el último Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical, en Editorial Planeta.