jueves, junio 07, 2007

Por qué Sarkozy mete las narices en Colombia

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, debió retroceder en chancletas desde su propia fanfarronada, consistente en haber ordenado a las Fuerzas Armadas, hace apenas dos semanas, "liberar por la fuerza" a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a otros 55 prisioneros retenidos por las FARC.

Ahora, Uribe anunció que dejará unilateralmente en libertad a una cantidad no determinada de guerrilleros presos –serían entre 200 y 300, sobre un total de 1.600– con el propósito declarado de presionar a las FARC para que libere a sus propios detenidos, especialmente a Betancourt y a tres ciudadanos norteamericanos.

El secretariado de las FARC e incluso los guerrilleros presos han rechazado la decisión gubernamental, porque, como bien dicen, "con esta medida el Ejecutivo únicamente pretende justificar la liberación de congresistas encarcelados por colaborar con los paramilitares" (El País, Madrid, 31/5). Es que junto con los presuntos guerrilleros, saldrían de la cárcel trece congresistas, dos ex gobernadores y otros políticos –casi todos oficialistas– detenidos por sus nexos con paramilitares y narcotraficantes. Esas detenciones, como se sabe, han provocado un escándalo político que amenaza derribar al propio Uribe. Además, la mayoría de quienes integran la lista de personas que quedarían en libertad son detenidos comunes que, por supuesto, no integran la guerrilla.

Tras la orden de emplear la fuerza militar para liberar a las personas retenidas por las FARC, la madre de Betancourt calificó al Presidente de "loco" y "energúmeno"; a ojos vista se trataba de una orden de cumplimiento imposible. Uribe debió recular apuradamente cuando el gobierno de Francia –Betancourt tiene doble nacionalidad y estuvo casada con un diplomático francés– declaró su oposición terminante a "cualquier operación militar para liberar a los rehenes" (Le Monde, 26/5).

Un gobierno de "paras" y de narcos

El escándalo que hizo terminar en la cárcel a congresistas y gobernadores, produjo la caída de la canciller y tiene en la picota al vicepresidente de la República, puso nombres y apellidos a lo que se sabía desde siempre: paramilitares y narcotraficantes forman parte del Estado colombiano, al punto que se ha hecho impensable cualquier gobierno burgués en ese país sin incluir a ese factor político, económico y social determinante que es allí el narcotráfico.

Además, las denuncias de Salvatore Mancuso, ex paramilitar entregado en 2004 tras los "acuerdos de paz" firmados ese año, indicaron que el vicepresidente, Francisco Santos, se proponía transformar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo de la derecha terrorista, en un verdadero ejército para combatir a la guerrilla y, sobre todo, a los campesinos levantiscos.

Esas denuncias dieron nueva actualidad a las que ya formulara a fines del año pasado el senador Miguel de la Espriella, acerca de un pacto anudado en 2001 por una cuarentena de congresistas con los jefes de las AUC, con el propósito de "refundar al país". Tal "refundación" , en boca de esa gente, no podía ser otra cosa que la instauración de una dictadura terrorista en regla.

Mancuso también indicó que la empresa surcoreana Hyundai proveía cuatro vehículos por año al grupo armado de extrema derecha. Al mismo tiempo, varias exportadoras bananeras "cotizaban" a las AUC un centavo de dólar por cada cajón de fruta vendido al exterior, una fortuna calculada en 16 millones de dólares en los últimos cuatro años. Esas compañías son Chiquita Brand, Doll, Proban, Delmonte, Banacol y Uniban. Por su parte, la elaboradora de bebidas gaseosas Postobon y hasta las estatales Ecopetrol y Oleoducto Central de Colombia financiaban al terrorismo y obtenían de él "servicios de seguridad".

En cuanto a los militares, Mancuso "habló de generales que defendieron el ideario de las AUC y añadió que los paras trabajaron con manuales de contrainsurgencia y objetivos entregados por el Ejército" (El País, Madrid, 17/5).

Uribe bien puede caer arrastrado por la crisis, pero ése es el entramado político que se quiere preservar. Por eso el derechista Sarkozy mete las narices en la selva colombiana.

Alejandro Guerrero

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